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- 30/08/16
El martes 6 la Procuradora Gils Carbó
hará su presentación
Está en discusión el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Creen que
exigirá la realización de audiencias.
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- Martín Bidegaray
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Así como la Corte Suprema falló sobre los aumentos en el gas, la semana
próxima le tocará el turno a las tarifas de luz. El martes 6 está previsto que
la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, haga su
presentación. En el Gobierno descartan que la jefa de los fiscales se
pronunciará contra los incrementos, pero la preocupación de fondo es sobre el
accionar del máximo tribunal.
A diferencia de las boletas de gas, donde el Gobierno apeló una
sentencia de alcance nacional, lo que está en discusión en este pleito se
restringe a la provincia de Buenos Aires. En ese territorio, está vigente el
fallo “Abarca” (uno de los patrocinantes), que impide la aplicación del cuadro
tarifario oficializado el 1° de febrero. Las distribuidoras de luz del
conurbano (Edesur y Edenor) están bajo jurisdicción del Estado nacional, pero
las provinciales se rigen por el ente regulador bonaerense.
Los aumentos aplicados por Edenor y Edesur no pasaron por las audiencias
públicas, por lo que en el Poder Ejecutivo estiman que la Corte les exigirá ese
paso, al igual que hizo con el gas. Con las distribuidoras provinciales
(Edelap, Edes, Eden, Edea) es diferente, ya que la provincia de Buenos Aires si
realizó ese mecanismo de consulta, cuyo resultado no es vinculante.
El ministerio de Energía pidió la elevación del caso “Abarca” a la Corte
Suprema hace más de tres semanas. En ese momento, el Gobierno todavía no sabía
qué pasaría con el gas.
Los abogados del Gobierno estiman que la Corte Suprema le indicará al
Enre -el ente regulador de energía eléctrica para Buenos Aires y el conurbano-
la realización de audiencias. En cambio, subsisten dudas sobre qué pasará con
la generación eléctrica.
El precio mayorista de la energía es establecido por Cammesa. Aunque es
una empresa privada, el Estado nacional tiene participación y talla en sus
decisiones.
Si se aplicara el mismo razonamiento que en el gas -donde se obligó al
Gobierno a tener que validar el precio mayorista-, las consecuencias de un
fallo adverso de la Corte podrían exceder a la provincia de Buenos Aires.
Antes de los aumentos, las provincias ya venían pagando entre 5 y 7
veces más que Buenos Aires. Las eléctricas del interior abonan un mayor precio
por la energía mayorista de Cammesa. Si la Corte obliga a una revisión, todo el
sistema eléctrico deberá ajustarse a esa disposición. En el Gobierno creen que
los casos (gas y luz) no son iguales. Y que el resultado puede ser diferente.
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