Por: Sergio Dattilo – Ambito Financiero
Una vez más será el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien tendrá la última palabra en lo que hace al destino de empresas de servicios: un equipo encabezado por este funcionario se abocó a estudiar el futuro de Edenor y Edesur, las distribuidoras eléctricas cuya situación económico-financiera está al borde del colapso.
Mientras esto sucede, diferentes versiones hicieron caer más de 11% el valor de la acción de la distribuidora.
En el sector energético se maneja hoy una cifra que se repite como una verdad revelada: $ 1.500 millones. Parafraseando al novelista francés Stendahl, la brecha anual entre «el rojo y el negro» de las distribuidoras eléctricas sería ese monto. Con $ 1.500 millones más por año en sus arcas, Edenor y Edesur deberían salir del riesgo de cesación de pagos en que se encuentran. Hoy el déficit operativo de cada una asciende a $ 600 millones anuales; el resto del «rojo» se va en las inversiones indispensables para que la electricidad siga fluyendo. El dilema de la hora es de dónde saldrá ese importe.
Tras más de una década de tarifas congeladas, las eléctricas que en conjunto sirven a cinco millones de hogares han dicho en privado que no pueden pagar los sueldos; dada la reciente reestatización de YPF, el temor en mercados era que el Gobierno podría seguir el mismo camino. La administración nacional no ha dado señales en uno u otro sentido.
Es un hecho que el Gobierno se ha negado de manera sistemática durante ese lapso a considerar siquiera un aumento de tarifas, pese a que las eléctricas estaban listas para aplicar «tarifas sociales» (cobrar más caro en las zonas de mayores recursos y mantener «planchadas» las tarifas en las marginales). Las dificultades fiscales han hecho modificar esa postura.
Sin embargo, los aumentos otorgados por el Gobierno representan «suma cero» para las eléctricas: si hasta la quita de subsidios la energía costaba $ 50 (que ésa es la tarifa promedio bimestral), el Gobierno ponía $ 30 y el usuario los otros $ 20. Ahora es el usuario quien paga los $ 50, pero la eléctrica sigue recibiendo el mismo importe.
El argumento que han esgrimido los representantes de las distribuidoras en sus numerosas reuniones con funcionarios oficiales es que $ 1.500 millones divididos entres 5 millones de usuarios arroja un bajo aumento.
El mercado apunta a la posibilidad de que el Gobierno se quede con Camessa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), la empresa que distribuye las cargas y en la que tienen participación las distribuidoras (Edenor, Edesur, etc.), los grandes usuarios (YPF, Techint, Arcor, etc.), los transportadores (Transener) y los generadores (las centrales térmicas, hidroeléctricas, nucleares, etc.).
El plan que se maneja es convertirla en una gran empresa mayorista que englobe despachos de cargas y transporte.
La idea oficial -sobre la que estaría trabajando el equipo de Kicillof- es centralizar la administración de los recursos de generación, y decidir de acuerdo con el costo quién produce energía eléctrica.
En este marco el Gobierno podría estatizar Transener, que es controlada por mitades por Pampa Energía (el accionista principal de Edenor) y por una sociedad que integran la cordobesa Electroingeniería y la estatal ENARSA. El argumento para esta decisión -en caso de que se concrete- es que es el Estado quien construye las líneas de alta tensión; Transener las administra y hace el mantenimiento. Cabe recordar que Transener fue la puerta por la que Pampa, en ese entonces llamada Dolphin, ingresó al sector energético en 2003.
¿Qué pasará con el sector de generación? Desde el Gobierno aseguran que están en condiciones de intervenir en él y decidir -de acuerdo con la coyuntura- cuáles son las máquinas o centrales que entran en servicio y cuáles deben «descansar» por sus altos costos operativos. Aseguran que en la actualidad el parque de generación supera en un 30% la máxima demanda en meses «pico».
Desde el sector privado responden que esto no es tan así: el parque de generación «nominal» asciende a los 25.000 megawatts, y el mayor consumo histórico registrado trepó efectivamente a «sólo» 21.000 MW.
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