Fernando R. Marengo
La evolución del saldo comercial energético se explica tanto por variación de precios como así también por cambios en los volúmenes comercializados contra el resto del mundo. Si nos abstraemos de lo ocurrido con los precios, la balanza comercial energética en volúmenes comenzó su deterioro a partir del año 2002, producto de 15 años de una política energética marcada por el congelamiento en las tarifas. Fue una política que priorizó el consumo a precios subsidiados y desincentivó la producción. Este subsidio fue financiado en parte por las empresas del sector, pero fundamentalmente por el Estado nacional.
La transferencia de recursos del sector de los productores energéticos hacia los sectores subsidiados redundó en la descapitalización del sector, el cese de las inversiones y la consecuente caída en los volúmenes de producción. El subsidio fiscal -corresponde fundamentalmente a la importación de energía para abastecer una demanda que paga una tarifa claramente inferior a su costo de importación- explica una parte importante del déficit fiscal, el cual al ser monetizado es el origen del proceso inflacionario que afecta al país hace años y del deterioro de las cuentas externas.
Los mencionados desequilibrios generan diversos impactos como por ejemplo la escasez de energía en los momentos de mayor demanda, la cual se traduce en cortes de luz y gas -fundamentalmente a la industria-, afectando producción, crecimiento y empleo, disponibilidad de bienes intensivos en energía y consecuentemente sus precios; el uso de divisas para financiar el déficit comercial energético, lo que afecta el balance del Banco Central y consecuentemente la confianza en la moneda nacional profundizando la perdida de reservas y deteriorando las expectativas sobre el tipo de cambio; y la inflación, que distorsiona la eficiente asignación de recursos en la economía, pero afecta fundamentalmente a los asalariados no sindicalizados y a los tenedores de moneda nacional Ante la imposibilidad de sustentar la política energética vigente durante los últimos 15 años, no hay otra alternativa posible que encarar la resolución de las distorsiones. Para incrementar la producción de energía primaria –gas y petróleo-, como así también secundaria –electricidad-, la única alternativa posible es lograr atraer inversiones al sector, entendiendo que las decisiones de inversión de los capitales a nivel internacional se rigen por las tasas de retorno ajustadas por riesgo. Si bien las tarifas son un componente fundamental en esta ecuación, un marco regulatorio claro, en el cual se especifique cuál será la evolución del sector hasta encontrar su equilibrio en una determinada cantidad de años, seguramente resulte más relevante a la hora de tomar las decisiones de inversión, las que por sus características amortizan en horizontes prolongados de tiempo.
Respecto del impacto fiscal, en la medida que se incrementen los volúmenes de producción debería ir decayendo la importación de combustibles, con lo cual el impacto fiscal se iría reduciendo. Mientras tanto, la fuerte baja en el precio de importación del gas ayuda a reducir el diferencial de precios que tiene que pagar el fisco. De todos modos, la relación entre el valor de las tarifas de gas -incluso luego de los ajustes dispuestos por la actual administración y que luego fueron acotados- y el precio actual de importación todavía presenta una marcada diferencia, que es absorbida por el fisco. En el caso de la electricidad ocurre algo similar ya que las tarifas no cubren los costos de generación.
Concertar una salida de mediano plazo a la crisis energética y sus implicancias resulta perentorio. Debe quedar en claro que la solución no abarca solo el tema tarifas sino otros muchos, de manera de lograr revertir años de desinversión en el sector y caída en los volúmenes de producción. Al mismo tiempo, no se pueden obviar del nuevo marco regulatorio las consecuencias sociales, y por ende políticas, que tiene este tema dado el impacto sobre el gasto de los hogares, fundamentalmente luego de años en los que se predicó sobre la importancia de subsidiar las tarifas de manera de fortalecer el poder de compra y el ingreso disponible, a pesar de que al mismo tiempo otros productos básicos como podría ser el pan acumulaban incrementos de precios muy superiores al 2.000 por ciento.
Fernando R. Marengo es socio y Economista Jefe, Estudio Arriazu
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