Albisu, Hernán - En comisión
Albisu, Hernán – En comisión
El presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Albisu, expresó su preocupación por la forma en que se llevará a cabo el sinceramiento tarifario en la energía eléctrica y la ausencia de medidas para contrarrestar la desmedida e irregular carga impositiva.
“Veo con preocupación que, ante los aumentos en los costos mayoristas de la energía eléctrica publicados por el gobierno en el boletín oficial, nada se hable de la desmedida e irregular carga impositiva que tiene el interior de la provincia de Buenos Aires sobre el consumo de esta última”, afirmó el senador Albisu.
“La política en materia de prestación de servicios públicos del Kirchnerismo fue claramente desastrosa, retrogada y muy injusta socialmente. El gobierno saliente se encargó de subsidiar con la plata de los impuestos de todos los argentinos los consumos eléctricos de las clases media alta y alta de Capital Federal y Gran Buenos Aires. El resultado fue que el área metropolitana pagó de 5 a 10 veces menos la luz que Córdoba, Santa Fe o el propio interior de nuestra provincia de Buenos Aires”, aseguró el legislador provincial.
“Una persona rica que tiene una mansión en San Isidro pagó, gracias a la política Kirchnerista, mucho menos de energía que una persona pobre en Córdoba, Santa Fe o Trenque Lauquen”, dijo Albisu.
Albisu, Hernán
Albisu, Hernán
Al preguntarse, ¿Es necesario corregir esa inequidad?, Hernán Albisu respondió claramente, Si y explicó “Con esa respuesta hay que discutir si el camino que toman los gobiernos nacional y provincial es el correcto y justo socialmente”.
En este caso anticipo- agregó el senador- que “de no haber correcciones en las formas y plazos que llevaran adelante para aplicar las nuevas tarifas, una vez más, los más necesitados estarán pagando el pato de la boda”.
El gobierno en ese sentido debería respetar el art. 42 de la Constitución y el marco regulatorio eléctrico que estipulan los mecanismos constitucionales y legales para modificar tarifas.
En el mismo sentido, Albisu, agregó “hay un gobierno que estuvo dispuesto a perder algún punto en términos de recaudación estatal para devolver ese dinero a diferentes sectores económicos con mucha rapidez, pero hay que remarcar que no tiene la misma celeridad para que dicha devolución sea equitativa entre sectores”.
“El apuro en las medidas económicas que en buena hora benefician al campo y la industria, no se da con las medidas que deberían beneficiar a trabajadores y usuarios. Todavía no hay novedades de ninguna medida que beneficie a los trabajadores afectados por las escalas del impuesto a las ganancias, el 82% móvil para los jubilados, o como se van a aplicar las tarifas de interés social, por ejemplo”, aseveró el legislador provincial.
El legislador entiende que tranquilamente el gobierno provincial puede tomar medidas que atenúen el impacto de las subas en las tarifas ya que “Los usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica ven gravados sus consumos con más de un 30 % de impuestos provinciales (leyes 7290, 9038, 11769 arts. 45,74 y 75), más el 21 % de IVA y el 0,6 % del fondo eléctrico destinado a Santa Cruz”.
Sobre las cargas tributarias, el presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado provincial explicó “según el municipio y la cooperativa (hay 200 cooperativas eléctricas en la provincia) la carga tributaria sobre el consumo eléctrico puede variar entre un 51 % y un 110 %. O sea, cada $100 que se pagan de energía, se pueden llegar a pagar entre $ 51 o $ 110 de impuestos”.
En consecuencia, Hernán Albisu expresó “la necesidad de tomar dos decisiones rápidas: primero que se amplíe y sea obligatorio para las prestadoras del servicio, aplicar la tarifa eléctrica de interés social (TEIS) que se viene utilizando en forma dispar en nuestra provincia y que beneficiaría a jubilados, pensionados y gente que hoy en día necesita de la asistencia social del estado para subsistir. Y por otro lado, que se eliminen los impuestos que se recaudan a través de las leyes 7290 y 9038, que además de ser injustificados y regresivos, son claramente inconstitucionales, además de reducir el fondo compensador que se cobra a los usuarios del interior de la provincia”.