POR ANTONIO ROSSI - Clarin
Sería a través de la capitalización de las inversiones estatales.
Bajo estudio. La Comisión que lideran De Vido y Kicillof analizará el proyecto a partir de mañana. /EMILIANA MIGUELEZ
05/01/14 - Clarin
Mientras mantiene latente la amenaza de rescindir las concesiones, el Gobierno ha comenzado a evaluar una nueva alternativa que apunta areforzar la intervención estatal en el manejo y control de Edesur y Edenor. La original variante de presión que lanzarían sobre las distribuidoras consiste en “capitalizar” con acciones de esas empresas las inversiones que el Estado pagó en los últimos años en la red metropolitana. Eran obras que contractualmente debían haber hecho las empresas con subas de tarifas que no fueron autorizadas.
La primera señal de la nueva estrategia la dio el ministro de Planificación, Julio De Vido al anunciar las multas y los resarcimientos por los cortes. Tras destacar que en la última década el Gobierno destinó $ 72.150 millones para obras eléctricas y gasíferas, anticipó que “el Estado deberá capitalizar y poner en valor lo que ha invertido hasta ahora en el área energética”.
Los asesores de ministro ya se pusieron a analizar los casos de Edesur y Edenor para ver hasta dónde se puede aplicar el nuevo esquema de “capitalización”. El tema comenzaría a tratarse oficialmente mañana en la primera reunión del año de la “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica de Inversiones Hidrocarburíferas”, que preside el ministro de Economía, Axel Kicillof. Dicha comisión está integrada por funcionarios de Planificación y Economía y desde 2012 fija los grandes lineamientos de la política energética.
En el caso de Edesur, la intención oficial es acceder a un porcentaje minoritario de las acciones para tener una injerencia directa en la empresa. En Edenor lo que se buscaría es incrementar la participación del 27% que ya tiene el Estado con las acciones que la ANSeS heredó de las ex AFJP.
Junto con el planteo de la “capitalización”, De Vido encaró otras dos medidas que achican el margen de acción de las distribuidoras.
Por un lado, les quitó el manejo de las obras que venían ejecutando desde 2012 con el FOCEDE, el fideicomiso que se alimenta con los cargos específicos que pagan todos los usuarios. Y por otro lado, las intimó para que cancelen los $ 1.448 millones que le deben por energía a Cammesa, la administadora estatal del mercado eléctrico.
Uno de los puntos que más polémica promete generar es el criterio que usará el Gobierno para “cuantificar y capitalizar” las inversiones estatales en distribución.
Más allá de la bronca de los usuarios sin luz y la ausencia de inversiones, Edesur y Edenor tienen una carta a su favor que el Gobierno no puede desconocer. Se trata del “reconocimiento de los mayores costos operativos” que figuran en los contratos renegociados por Néstor Kirchner en 2006. Están pendientes desde febrero de 2012 y representan unos $ 1.000 millones que deberían cobrar cada una de las distribuidoras.
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